Ayer, 16 de abril de 2012, una amenaza exterior asestó un mazazo, no por esperado, menos duro, al futuro de este país, y sus consecuencias afectarán, muy posiblemente, a toda una generación. No me refiero a la nacionalización de YPF (aquel que piense que REPSOL es una empresa exclusivamente española o que representa los intereses de un amplio grupo de pequeños inversores o que cuenta con una gran participación del Estado, puede averiguar aquí cómo se distribuye su accionariado y luego preguntarse a qué viene tanto escándalo, tanta amenaza y tanta preocupación). No, no es de la decisión de Fernández Kirchner de lo que hablo, sino del recorte de 3000 millones que sufrirá la Enseñanza Pública (sobre los 3400 ya recortados) anunciado ayer a los Consejeros de Educación de las Comunidades Autónomas por José Ignacio Wert. Entre otras medidas, se aumenta el número de horas semanales que imparte cada docente; se aumenta la ratio en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, esto es, el número de alumnos por aula; no serán cubiertas las bajas laborales inferiores a dos semanas; y se elimina la obligación de los centros de ofrecer, al menos, las dos opciones (ciencias y letras) para el alumnado de Bachillerato.
Estas cosas solo puede explicarlas el gran Forges
El ministro Wert comenzó esa comparecencia sectorial a la manera de Franco, es decir, pidiendo a los consejeros «que no hablaran de política». Y prosiguió, al parecer, justificando sus medidas como una imposición de los mercados (esa entidad ya casi mítica que sirve para justificar cualquier cosa, por absurda, irrazonable o moralmente repugnante que sea). Supongo (porque le he seguido de cerca últimamente) que habrá hablado también de excelencia, de niveles de exigencia y habrá llamado a los recortes «modificaciones» o «reformas», mientras citaba, para parecer dialogante y moderado, a autores de izquierda en todos los idiomas en que tuvo oportunidad de hacerlo.
Yo, que amanezco a este día gris leyendo las noticias que llegan de la metrópoli hasta esta ciudad pequeñita de un archipiélago pequeñito, veo en las portadas la comparecencia urgente de los representantes de varios gabinetes, tratando como un asunto de Estado la defensa de los intereses de una empresa privada, comprobando cómo ocupan el espacio que nuestros medios acaso podrían haber dedicado a informar sobre este ataque a la Educación Pública, y me pregunto por qué nuestro Gobierno no defiende con el mismo énfasis, con igual denuedo, los intereses de la ciudadanía a la que representa, cuyo futuro queda hipotecado con estas medidas que la deidad mercantil impone a España.
Ceremonias 