25 de septiembre: cuando un voto no es un cheque en blanco

25 09 2012

Un profesor de Historia de la Ética me dijo en cierta ocasión que, por propia lógica, la sociedad siempre va por delante de las leyes. Cuando surgen antinomias evidentes entre una y otra esfera y la ley se queda demasiado atrás, los individuos, para comportarse como ciudadanos, deben trascender la esfera privada y trabajar solidariamente para propiciar los cambios que acorten esa distancia.

En 1989, quienes hicieron caer los ladrillos que levantaban un muro de vergüenza en la RDA fueron etiquetados en los primeros momentos como grupos de incontrolados, agentes extranjeros y hasta fascistas por el aparato de propaganda de Honecker. Hoy son héroes de las libertades democráticas. Es solo un ejemplo. La Historia es populosa en momentos en los que una reunión de ciudadanos hizo avanzar a sus regímenes de gobierno hacia la democracia o hacia democracias más avanzadas.

Hoy, en España, la legalidad vigente se ha quedado atrás. La forma específica que adoptó nuestra democracia en su momento va quedando obsoleta, pues la legalidad que funda y, a su vez, la desarrolla se ha mostrado (como mínimo) permeable a oscuros intereses económicos que no tienen nada que ver con la democracia o la justicia y ha propiciado una pérdida de soberanía inédita hasta ahora, y un ataque (que no es el primero, pero no parece ser el último) a los derechos (que no privilegios) que a lo largo de 34 años la ciudadanía española fue conquistando.

Esa soberanía parece querer decir basta, pero, sobre todo, que este modelo de democracia es insuficiente, que es necesaria una verdadera regeneración democrática en este país y que ya no confía en que esta puede venir de la mano del bipartidismo inmovilista, de la sumisión ante los poderes económicos y de supuestos reformistas que traicionan sus propios programas, arrasando con un tornado de involucionismo todo aquello que es necesario y justo en cualquier Estado social y democrático de Derecho que propugne como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, tal y como dice la Constitución.

Los ciudadanos que se dirigen hoy hacia Madrid (esos mismos cuyos autocares están siendo detenidos por la Policía, registrados o desviados a Getafe), no son violentos neonazis ni agresivos extremistas de izquierda. No pretenden asaltar el Congreso ni dar golpe de Estado alguno. No llevan armas ni tienen como objetivo quemar contenedores o cazar a los leones que hay a las puertas de la Cámara Baja.

Estoy seguro de que entre ellos no faltarán quienes sostengan posturas más o menos radicales. De hecho, lo mismo ocurre en algunos partidos políticos, porque nadie puede evitar que se le cuele en el grupo una oveja negra, ¿verdad, señor Rajoy? Pero, en su conjunto, lo que están queriendo decir a sus Señorías es que un voto no es un cheque en blanco para acabar con la democracia.

Ante esta situación caben, creo, dos posturas. La primera: asumir con normalidad democrática la existencia de esa reivindicación, escucharla y trabajar para paliar los errores que originan ese descontento. La segunda: sacar a la policía a la calle, crispar los ánimos hostigando a las asambleas pacíficas y públicas, demonizar a los manifestantes desde los medios de comunicación afines (cuyas informaciones de estos días abarcan el amplio arco que va desde el bloqueo informativo al mero insulto, pasando por los titulares manipulados o las noticias inventadas), compararlos con militares golpistas, con grupúsculos estalinistas y organizaciones neonazis.

El primer camino no es sencillo: requiere de ciertas dosis de tolerancia, humildad, esfuerzo y valentía. El segundo no es difícil: para tomarlo solo es necesario tener micrófonos, policías y el cinismo suficiente.

El Gobierno y la oposición han tomado el segundo. Salvo la de satanistas y la de francmasones, han utilizado todas las etiquetas que han podido recordar para descalificar a quienes acudirán a la convocatoria, sin privarse de apelar a las herramientas del miedo y la amenaza de la disuasión coercitiva.

Lo que no han hecho en ningún momento es reconocer que algo deben de estar haciendo muy mal para que el pueblo se eche a la calle en esta iniciativa sin precedentes. Y, sobre todo, lo que no han hecho es reconocer que quienes van hoy hacia Madrid (y quienes se reunirán en otras capitales de España, ante los símbolos de la legalidad vigente y obsoleta) no son fascistas, neonazis, terroristas, bolcheviques ni golpistas, sino ciudadanos y ciudadanas de este país que desean que la democracia avance.

Anuncios




El miedo del energúmeno

24 09 2012

Todos conocemos a algún energúmeno. Los hay de ambos sexos, de todas las edades y de todos los signos políticos. Son esos polemistas que, en cuanto comienzan a olerse que no tienen razón, que carecen de argumentos para defender su postura y sus adversarios dialécticos pueden demostrarlo, comienzan a alzar la voz, a hacer comparaciones abusivas, a apelar al argumentum ad hominem o, simplemente, a amenazar. No lo hacen porque sus convicciones tengan bases sólidas y sin fisuras sino exactamente por lo contrario: porque tienen miedo de que descubramos que los principios que parecen sustentarlas no son más que humo. Y un energúmeno que tiene que enfrentarse a sus propios errores está perdido, porque entender a los demás, darles la razón cuando la tienen, aprender y mejorar son habilidades que no están entre sus puntos fuertes. Digamos que, aunque suela negarlo, el energúmeno (sobre todo el energúmeno hispánico) no tiene su territorio natural en el reino de lo razonable.

La Sección Primera del Capítulo II del Título Primero de la Constitución Española recoge el artículo 21, que dice:

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa”.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Me niego a creer que Cristina Cifuentes, una persona a quien supongo preparada, desconoce ese artículo que figura en la parte dogmática de ese texto que a veces parece estar ahí solo para echárselo en cara a nacionalistas, independentistas, secesionistas y demás familia.

Hace unos días publiqué en este mismo sitio una entrada en la que se hablaba de las nuevas caras del fascismo de toda la vida, esas que usurpan el lugar del centrismo reformista (que es otra cosa muy diferente y bastante más respetable). Y, justo este fin de semana, ocurría esto: agentes de policía volvían a interrumpir una reunión pacífica y sin armas de ciudadanos que, tranquilamente sentados en la hierba de un parque, debatían sobre la organización de una protesta civil que, sin saltarse las reglas de la normalidad democrática, pretende expresar el descontento de la ciudadanía con respecto a las políticas de nuestros dirigentes. Se dirá lo que se quiera, pero, por lo que se ve en el vídeo, estas personas no parecen demasiado peligrosas, ni están alterando el orden público, poniendo en peligro a personas y bienes. Pero, aún así, la policía irrumpe en la reunión, interrumpiéndola. Y es la segunda vez que ocurre en fechas recientes; la semana pasada actuaciones similares dieron como resultado la imputación de ocho personas.

Mientras la Delegación del Gobierno, interpretando un revival descafeinado de la Brigada Político Social de antaño y presumiendo de tener una lista de supuestos activistas supuestamente peligrosos, utiliza a la policía para perseguir a ciudadanos que ejercen sus responsabilidades como tales, en la madrugada de este sábado cientos de vándalos (de verdaderos vándalos, de los peligrosos, los que queman contenedores y coches y lanzan botellazos indiscriminadamente) pudieron hacer impunemente de las suyas en Madrid, porque los efectivos de la UIP que hubieran podido servir de refuerzo estaban ocupados en custodiar un edificio vacío que será rodeado por una manifestación pacífica que solo tendrá lugar tres días más tarde.

Y tras este fin de semana en el cual la Delegación del Gobierno en Madrid pisotea los derechos fundamentales al tiempo que demuestra que su ineptitud pone en grave peligro la seguridad ciudadana, la secretaria de organización del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, compara la protesta prevista para mañana con el intento de golpe de estado del 23F.

Ineptitudes aparte, cualquier observador medianamente razonable podrá constatar que las maniobras antidemocráticas de Cifuentes y la analogía abusiva de Cospedal son muestras de un sentimiento que parecen compartir: el miedo. Ese miedo de los energúmenos que alzan la voz, utilizan la falacia o amenazan con el uso de la fuerza, porque no tienen razón y, sencilla y tristemente, lo saben.

Post scriptum:  Cuando me disponía a colgar esta entrada, Cristina Cifuentes ha dado un paso más. Según los noticiarios, ha afirmado que tras la convocatoria se esconden grupos neonazis. Puede que mañana a estas horas hable de francmasones o de sectas satánicas. La misma delegada que demuestra generosa permisividad con los manifestantes ultraderechistas tilda ahora de neonazis a los manifestantes de Rodea el Congreso y amenaza con detenciones. Quizá su miedo a verse en evidencia sea ya terror.








A %d blogueros les gusta esto: